Los productos farmacéuticos, tales como los medicamentos con receta y medicamentos de venta libre, se suponen que ayudan a las personas que los usan, no que causen daños. Estos incluyen inhibidores de bomba de protones, que mucha gente utiliza para tratar o prevenir condiciones como el reflejo ácido, úlceras pépticas, úlceras estomacales, acidez estomacal o reflejo gastroesofágico (ERGE). Lamentablemente, no todos los fármacos demuestran ser seguros o incluso eficaces, y muchos implican riesgos considerables. Aunque en los Estados Unidos la FDA [acrónimo en inglés de la Administración de Alimentos y Drogas] aspira proteger la salud pública a través del proceso regulatorio, las frecuentes retiradas de mercado y alertas de seguridad son la realidad en esta industria con fines de lucro, en la que los fabricantes presionan para lanzar los fármacos al mercado lo antes posible. Los abogados de inhibidores de bomba de protones del “Moll Law Group” representan a personas en todo el país, haciendo a los fabricantes responsables por los daños causados. Los casos de responsabilidad civil del fabricante tienden a ser complejos, y la asistencia de un abogado de productos farmacéuticos puede ser crítica para reivindicar sus derechos.
Los inhibidores de bomba de protones (IBP) fueron diseñados para reducir la cantidad de ácido en el estómago producido por las glándulas que se encuentran en el revestimiento del estómago. Están ampliamente disponibles y pueden obtenerse sin receta o con receta médica. Algunos tipos comunes de IBP incluyen:
Aunque muchos inhibidores de bomba de protones traen advertencias de los efectos secundarios menores como náuseas, diarrea o dolores de cabeza, estudios recientes han indicado que posiblemente podría haber más efectos nocivos graves para las personas que toman estas medicinas. A principios del 2016, la FDA [Acrónimo en Inglés para la Administración de Alimentos y Drogas] emitió un comunicado de seguridad que indica que podría haber un vínculo entre el uso de IBP y un mayor riesgo de diarrea por la bacteria Clostridium difficile (DCD). Estudios recientes también han indicado que es posible que los IBP causen el envejecimiento acelerado de las células de los vasos sanguíneos, lo que incrementa potencialmente el riesgo de que los consumidores sufran un ataque cardíaco, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia renal. Otro estudio, que analizó el uso de IBP entre los veteranos, encontró un mayor riesgo de enfermedad renal crónica, y otro indica un posible riesgo de demencia para las personas que toman IBP.
Las empresas que lanzan fármacos peligrosos, defectuosos o inseguros al mercado pueden ser responsables de las lesiones o muertes que resulten. Dependiendo del estado en que se presentó una demanda de responsabilidad civil del fabricante, pueden existir múltiples teorías de responsabilidad, incluyendo incumplimiento de garantía, responsabilidad objetiva y negligencia. La prueba requerida difiere para cada tipo de demanda. El incumplimiento de garantía, por ejemplo, se basan en la ley de contrato y requiere que un demandante demuestre que él o ella tenía una relación contractual con el demandado, mientras que los casos de negligencia se basan en la ley de ilícitos civiles y requieren que el demandante demuestre los elementos del derecho, de incumplimiento del deber, causalidad y daños. Los reclamos de responsabilidad objetiva se basan en un defecto de fabricación, un defecto de diseño o un defecto de mercadeo, también conocido como omisión de advertencia. Estas teorías no necesitan demostrar que un demandado actuó negligentemente sino sólo que la droga era defectuosa y como resultado, el demandante fue perjudicado. Si el caso tiene éxito, un reclamante de responsabilidad civil del fabricante puede recuperar compensación por gastos médicos, pérdida de ingresos y capacidad de ganancia, dolor y sufrimiento, y cualquier otro daño permitido bajo la ley estatal, a veces incluyendo daños punitivos.
Las leyes sobredemandas de responsabilidad civil del fabricante varían de estado a estado, y es generalmente la ley del estado en el que reside el demandante rige el caso, suponiendo que él o ella ha adquirido el producto en su estado de residencia. En la mayoría de los casos, todas las partes en la cadena de distribución son potencialmente responsables por la responsabilidad civil del fabricante. Generalmente, estos incluyen l fabricante, el mayorista o distribuidor y el detallista. La mayoría de los casos responsabilidad civil del fabricante nombra a todos estos tres posibles demandados, aunque a menudo son acuerdos contractuales entre las partes, que en última instancia responsabiliza al fabricante financieramente en un juicio. Sin embargo, el demandante no está obligado por ese acuerdo, y puede recuperar daños de cualquiera de las tres partes si se juntan y se determina que hay responsabilidades diversas. Esto es especialmente útil si uno o más de los demandantes busca protección de bancarrota debido a múltiples demandas.
En Moll Law Group, nuestros abogados focalizados en responsabilidad civil del fabricante trabajan con expertos en seguridad de producto y médicos experimentados en todo el país. También ofrecemos una red de recursos que está diseñada para ayudar a todos los consumidores, proporcionando información sobre prevención de lesiones. Se han recuperado miles de millones de dólares en los casos en los que nos hemos involucrado. Representamos a clientes en todo el país, incluyendo los estados de Illinois, Texas, Florida, Nueva York, California, Ohio, Michigan, y Pensilvania. Para programar una consulta gratuita para discutir su caso con un abogado de inhibidor de bomba de protones, llámenos al (312) 462-1700 o contáctenos en línea.